El actual Procurador del Tesoro denuncia que hubo «un espíritu malicioso» en las autoridades salientes; estuvo 975 días preso en los 70
El flamante procurador del Tesoro, Carlos Zannini, reclama el pago de la pensión graciable como expreso político en los años 70, beneficio que le otorgó la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri en septiembre pasado, pero que aún no se efectivizó.
El 25 de septiembre, con la firma del entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el gobierno otorgó a Zannini una pensión graciable que hoy asciende, según datos de la Anses, a $23.953,80 mensuales, luego de acreditar su detención, entre julio de 1975 y marzo de 1978, como preso a disposición del Poder Ejecutivo, primero durante el gobierno constitucional de Isabel Perón (que lo detuvo en Córdoba, su ciudad natal) y luego durante la dictadura militar.
En su edición del lunes 9, LA NACIÓN dio cuenta del pedido de Zannini de acogerse al beneficio y de la resolución favorable de la administración macrista. Pero el pago -según confirmó a LA NACIÓN el abogado de Zannini, Adrián Frascino-nunca se concretó, a pesar de que la Anses dio de alta su expediente el 7 de noviembre pasado. La apelación por parte de la propia Anses de la administración saliente demoró la liquidación efectiva, cuya obligatoriedad quedó firme el jueves 5 de diciembre.
Con el aval de su defendido, secretario legal y técnico durante los doce años del kirchnerismo, el abogado de Zannini apunta a la gestión saliente: denuncia que el trámite fue «pisado y demorado en forma intencional» durante dos años, ya que fue iniciado en noviembre de 2017 en Río Gallegos.
También asegura que «luego de innumerables reclamos verbales, ante la no respuesta de parte del Estado», decidió interponer un amparo «por mora de la administración», que fue radicado en el fuero de la Seguridad Social, con número de expediente 178.643/2018.
Ese trámite concluyó el 11 de septiembre pasado, cuando la jueza federal Karina Alonso Candis le dio la razón a Zannini y ordenó a la Anses la resolución del caso.
Fuente: La Nación