El presidente electo asume este 10 de diciembre en un contexto de crisis económica y social heredada de la gestión de Mauricio Macri.
La economía será uno de los ejes principales del Gobierno de Alberto Fernández. El flamante presidente se impuso en las elecciones generales de octubre en parte por la mala gestión en la materia de Mauricio Macri y asume este martes 10 de diciembre con el mandato de resolver la crisis que deja Cambiemos. A mitad de camino entre las «cuentas ordenadas» que difunde el oficialismo saliente y la «tierra arrasada» que lamenta el peronismo, el Frente de Todos enfrentará un panorama complejo: alto endeudamiento en dólares (que, según el propio Fernández, se ubica en riesgo de default), inflación y pobreza más altos que en 2015, déficit fiscal primario bajo (si no se computa la deuda), y un tipo de cambio —apalancado por el cepo— que debe mantenerse competitivo para crecer, pero con cuidado de evitar disparadas. 1. Deuda. Fernández llega a la Casa Rosada con más reservas reales que las negativas que le dejó Cristina Fernández de Kirchner a Macri. Pero el exjefe de Gabinete enfrenta una montaña de deuda externa, encorsetada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en junio de 2018. Para enfrentar ese desafío fue designado Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. «Con Alberto lo conocemos hace un tiempo y es un experto en salida de deuda», describió el futuro jefe de Gabinete Santiago Cafiero. La idea de Guzmán es reperfilar los vencimientos para dejar de pagar intereses y capital tanto al FMI como a los bonistas privados por al menos dos años. Esa propuesta, que los acreedores parecen dispuestos a aceptar como alternativa a un default o a una quita agresiva, es lo que le consiguió el puesto. Sin embargo, ese desafío será difícil ya que, según la consultora Ecolatina, «los mercados de crédito permanecen cerrados» para Argentina debido a «la incertidumbre respecto de la liquidez y acerca de la solvencia». «El macrismo legará una deuda pública relevante en moneda extranjera elevada y una capacidad de pago acotada. Para peor, una parte importante de estos pasivos vence en el corto plazo —USD 26.000 millones en la primera mitad del 2020, prácticamente duplicando a las Reservas netas actuales—. Por lo tanto, la renegociación de estos vencimientos será una de las primeras acciones que deberá llevar adelante el equipo económico de Alberto Fernández, tan relevante como inmediata», detalló el estudio.
En ese punto coincide el exsubsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Luciano Cohan, al detallar que «las necesidades financieras totales para 2020 son USD 41 mil millones o 9% del PIB, y 24% desde 2020-2023, más allá de cualquier estimación realista de fuentes financieras voluntarias. Por eso el reperfilamiento / reestructuración es inevitable y posiblemente será agresivo». 2. La inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 3,3% en octubre de 2019 y acumula un alza del 50,5% en los últimos 12 meses, según el INDEC. Ecolatina difundió su pronóstico para noviembre con el 3,6% y un total de 47,6% entre enero y noviembre. Los rubros que más subieron fueron Alimentos y bebidas, que no se ubicaba por encima del nivel general desde marzo, y Esparcimiento, por el incremento de servicios relacionados con el turismo y otros vinculados al entretenimiento.
Según Cohan, parte de la «pesada herencia» que deja Mauricio Macri es la inflación: «Hoy tenemos una inflación interanual de 50% y una inflación mensual corriendo a casi 4% y una demanda de dinero en coma viviendo con el respirador artificial del cepo. La inflación inercial, después del shock cambiario de agosto, parece estar estabilizandose en el rango de 3%/4%. En los shocks cambiarios anteriores la inflación ya había vuelto a 2% a las 18 semanas de la devaluación. Esta vez no. Parece haberse acomodado en un nivel mas alto». Para controlar la inflación, Fernández propone un «pacto social» que podría incluir un acuerdo de precios y salarios (luego de conceder una paritaria para compensar la pérdida de poder adquisitivo), además de congelar o desdolarizar las tarifas y pedir a empresarios que retrotraigan los últimos aumentos de precios. Ese objetivo puede chocar con la idea de «inyectar pesos» a la economía a través de la emisión monetaria y la necesidad de mantener un tipo de cambio alto, ya que las devaluaciones suelen trasladar a precios.
3. Cepo al dólar. Cristina lo instaló de facto en 2011, Macri lo levantó en 2015 y tuvo que volver a instalarlo cuatro años después tras las PASO. Alberto Fernández no prometió levantarlo en campaña y todo indica que se mantendrá por la duración de la crisis. En el escenario optimista, los límites se relajarán progresivamente si el panorama mejora, pero manteniendo los controles como ocurrió a partir de 2002. La restricción a la moneda estadounidense que implementó el Gobierno (ante la imparable suba del dólar luego de las PASO) es «formal», según lo calificó Ecolatina, es decir, «que posee comunicaciones explícitas que lo respaldan. En consecuencia, aunque también tiene contratiempos, sobre todo en el mediano plazo, estos son menores a los de 2015». «Va a haber que calibrarlo bien», adelantó Cafiero y agregó durante una entrevista en el canal Net TV: «La salida de este super cepo no es algo que va a ser inmediato, eso es una realidad. La cuestión de un tipo de cambio diferencial (para la compra por turismo), no lo estamos analizando. Lo que sí estamos viendo es, claramente, que hay ciertos sectores que tienen capacidad para generar un gasto mayo si quieren tener algún beneficio». 4. El déficit fiscal. La situación fiscal primaria pasó de un rojo de 4% del PBI en 2015 a la zona de 0,5% en 2019, «en un período donde cayó la actividad económica y se relajó la presión tributaria», según Ecolatina. Por ese motivo, «deberá seguir corrigiéndose, ya que, sin un sendero consistente, cualquier reestructuración de los pasivos tendrá pocas chances de éxito». «Por lo tanto, si bien la situación de las cuentas públicas es mejor que la recibida, lo cierto es que las políticas posibles en este frente continúan siendo limitadas: los acreedores obligan a llevar adelante un sendero fiscal austero, limitando el set de políticas viables», agrega el informe.
5. La pobreza. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanza el 40,8% de las personas y la indigencia, al 8,9%. Se estima que son 16 millones de personas pobres y 3,6 millones en la indigencia. Ambas cifras, medidas por ingresos al tercer trimestre del año, son las más altas de la última década. El dato de pobreza muestra una suba de 7 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2018 y es doce puntos mayor a 2017. En diálogo con Radio 10, Cafiero consideró que para el futuro «no hay que echar culpas y seguir adelante», aunque resaltó que «nosotros somos democráticos pero no se nos escapa que hay 5 millones de pobres nuevos. Este gobierno tuvo todas la facilidades para implementar un programa económico que de antemano sabíamos que iba a fracasar, tuvieron 4 años para ejecutarlo».