La Cámara baja avanza con una adhesión parcial a la ley nacional de energía y excluye artículos que impedirían incluir tributos locales en el servicio eléctrico y que comprometerían a la Provincia.
La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto para adherir parcialmente a la Ley Nacional 24.065, introduciendo modificaciones para resguardar el esquema actual de cobro de tasas municipales a través de las facturas de energía eléctrica.
Durante el debate, la diputada Socorro Villamayor explicó: “Tuvimos reunión con representantes del Ente Regulador para conversar sobre una realidad normativa que atraviesa de la provincia. El Ente solicitó modificar una adhesión que se hizo en 1992”.
La legisladora indicó que la actualización responde a cambios recientes en el marco normativo nacional y a la necesidad de garantizar recursos para la provincia. En ese sentido, señaló: “El 60% del Fondo Nacional de Energía se asignará a las jurisdicciones que adhieran a la ley. El interés de modificar la adhesión, de realizar una nueva y de forma parcial responde al aspecto financiero. Nos interesa también la responsabilidad y su alcance con el gobierno de la provincia”.
Uno de los puntos centrales del proyecto es dejar afuera el artículo que prohíbe incluir tributos locales en las facturas de servicios públicos. Según se explicó, esa restricción entraría en conflicto con acuerdos vigentes entre la Provincia y los municipios para cobrar tasas —como alumbrado o limpieza— a través del servicio eléctrico.
En esa línea, Villamayor sostuvo: “Ahora bien, el derecho público local autorizó a las empresas a incluir en la factura los servicios, con la posibilidad de que el usuario solicite el cobro por separado”, y remarcó que este sistema facilita la recaudación.
Además, advirtió: “considerar un cobro separado provocaría mayor morosidad y también se afectaría la autonomía municipal”.
Por otra parte, el proyecto también excluye un artículo que establecía la responsabilidad solidaria de la Provincia y los municipios frente a deudas de las empresas eléctricas, al considerar que podría implicar un riesgo para las finanzas provinciales.
La iniciativa ya cuenta con media sanción y fue girada al Senado para su tratamiento.