Una vez más la Cámara de Diputados de Salta fue expuesta ante la sociedad al producirse un extenso debate, en cierto modo estéril, al abordarse un proyecto de Declaración.
Hubo una discusión en cuanto al alcance de la Declaración que se dispuso dirigir al Gobierno nacional, para que por intermedio del organismo competente y en el marco de la emergencia provocada por la pandemia COVID-19, disponga que el pago de Jubilaciones, Pensiones, IFE, AUH, AUE, PNC y todo otro beneficio sea realizado en todas las entidades bancarias públicas y privadas de la República Argentina.
Esta iniciativa legislativa de los diputados Javier Diez Villa, Amelia Acosta, Ignacio Jarsún, Mario Moreno, Antonio Otero, Nicolás Puentes, Noelia Rigo, José Rodríguez, Daniel Sansone, Daniel Segura, Andrés Suriani, Adrián Valenzuela, Silvia Varg, María del Socorro Villamayor, del bloque Salta tiene Futuro, si bien recibió el apoyo mayoritario -dado su fin- tuvo observaciones e inclusive se intento modificar su texto, pero el bloque oficialista se opuso e insistió con el escrito original. Diez Villa al igual que Villamayor defendieron el texto sosteniendo que quien debe disponer que todas las entidades bancarias abonen los beneficios le compete a la Nación, así como a la ANSeS sobre los cronogramas de pagos.
En el caso del diputado Héctor Chibán (UCR) dijo que se quiere tirar la pelota del problema al Gobierno nacional, cuando la cuestión de fondo es que el poder político de Salta, el actual y los anteriores se caracterizaron por ser fuertes ante los débiles y sumisos con los poderosos.
Dijo que la Legislatura debe imponer condiciones por leyes y acabar con las asimetrías del poder político y los actores de la economía de Salta. “Se haga entender a la elite que hay condiciones que se deben cumplir”. Repitió lo que dijo un diputado oficialista: que el gobierno de Sáenz no hizo nada sobre el tema. Descreyó que la Declaración tenga efectos en el gobierno nacional ocupado hoy en cuestiones del rumbo del país. “No sirve esta Declaración, estamos haciendo piri pipi”
El diputado Santiago Godoy (PJ) propuso que la Declaración se dirija a las entidades bancarias y se eleve copias al gobierno nacional, al Congreso Nacional, al gobernador. Fue rechazada la moción.
Varios legisladores apuntaron al Banco Macro, agente oficial de la Provincia, ya pese a que el año pasado se prorrogó el convenio no cumple con la apertura de más sucursales y nuevos cajeros en el territorio provincial.
Fuente: Nuevo Diario Salta