La jefa del bloque libertario aceptó modificaciones de último momento para reunir los votos. Los fondos para las provincias y la participación de los psicólogos fueron los principales puntos de tensión.
La reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes, con 42 votos a favor y 21 en contra. Sin embargo, para alcanzar ese resultado, Patricia Bullrich tuvo que negociar con los bloques aliados y aceptar cambios en el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones fueron los principales ejes de una discusión que se extendió hasta la madrugada.
La iniciativa había llegado a la sesión con diferencias que el oficialismo todavía no había conseguido resolver. Aunque La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaban su respaldo a la incorporación de garantías presupuestarias y modificaciones en la integración de los equipos profesionales.
El proyecto ya había sufrido cambios durante su tratamiento en comisiones, pero Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar su aprobación y posterior giro a la Cámara de Diputados.
La negociación expuso una dificultad para el Gobierno: conseguir respaldo para modificar las reglas de atención sin que las provincias deban asumir mayores responsabilidades con recursos propios.
Los fondos para las provincias, la principal concesión de Bullrich
El financiamiento fue uno de los puntos que más complicó las negociaciones. Los senadores de las provincias reclamaban que la reforma estableciera obligaciones concretas para el Estado nacional, ante el riesgo de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales quedaran bajo responsabilidad de los gobiernos locales.
Bullrich aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para determinar los aportes destinados a implementar los cambios.
Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán orientados al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina, entre otras necesidades.
La discusión tenía antecedentes en las comisiones. Varios legisladores habían firmado el dictamen de mayoría con disidencias porque consideraban insuficientes las garantías de financiamiento.
Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin asegurar previamente la infraestructura y los profesionales necesarios.
“Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, sostuvo en declaraciones a TN.
La legisladora también planteó uno de los interrogantes centrales de la reforma: cómo garantizar la atención de los pacientes si los establecimientos y los equipos profesionales continúan funcionando con limitaciones presupuestarias.
“Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quienes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, cuestionó.
Para despejar esas objeciones, el oficialismo aceptó una redacción más precisa sobre las obligaciones nacionales y la posibilidad de acordar aportes con las distintas jurisdicciones.
De todos modos, la implementación efectiva de esos compromisos dependerá de los convenios y los recursos presupuestarios disponibles, un aspecto que seguirá bajo discusión cuando el proyecto llegue a Diputados.
El reclamo de los psicólogos y los cambios que el oficialismo aceptó en el recinto
La otra concesión importante estuvo vinculada con la composición de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y las altas médicas.
El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba un papel central a los psiquiatras. Esa propuesta generó cuestionamientos de las facultades de Psicología y de representantes provinciales, que reclamaban preservar la intervención de los equipos interdisciplinarios.
La presión obligó al oficialismo a modificar los requisitos para autorizar internaciones. El texto consensuado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.
Además, se reconoció la participación de estos profesionales en las evaluaciones y las decisiones sobre el alta de los pacientes.
El cambio fue uno de los puntos discutidos entre la Nación y las provincias en el COFESA, donde distintos representantes reclamaban una mayor equiparación entre ambas profesiones.
Durante el cierre del debate, Bullrich se refirió a esa discusión y rechazó la confrontación entre psicólogos y psiquiatras.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, sostuvo la jefa del bloque libertario.
La reforma también amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.
En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria pasa de 24 a 48 horas.
Además, se habilitan las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles y se introducen cambios en el abordaje de los consumos problemáticos, con la inclusión de otras adicciones, como la ludopatía.
Pese a las modificaciones, el texto mantiene dos principios de la legislación vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.
El senador libertario Pablo Cervi defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá actuar con mayor rapidez frente a situaciones críticas.
“Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros”, afirmó.
La votación dejó un resultado favorable para el Gobierno, aunque también mostró el peso de los bloques dialoguistas en la definición del texto.
Bullrich consiguió los votos para aprobar la reforma, pero debió ceder en dos cuestiones sensibles: las obligaciones financieras de la Nación y el lugar de los psicólogos en las decisiones clínicas.
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tendrá que construir una nueva mayoría para convertirlo en ley.
Fuente: TN