Legisladores analizaron el informe definitivo sobre obras ejecutadas entre 2012 y 2019 en el norte provincial. Cuestionaron la falta de documentación respaldatoria y solicitaron una auditoría financiera específica sobre el manejo de los fondos.
La Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas analizó este miércoles el informe definitivo de auditoría sobre la ejecución del Fondo de Reparación Histórica (Ley 7691), centrado en obras realizadas entre 2012 y 2019 en el norte provincial. Durante la reunión, los legisladores revisaron el estado de avance de distintos proyectos de infraestructura y trasladaron observaciones al auditor Marcos Segura Alzogaray y a su equipo técnico.
Del encuentro participaron Patricia Hucena, Juan Cruz Curá, Diego Cari, Eduardo Virgili y Luis Albeza. Según se informó, el proceso de fiscalización comenzó en 2020, incluyó tareas de campo desde 2021 y concluyó con la presentación del informe final este año. El análisis abarcó la trazabilidad de los fondos y la evaluación de obras financiadas total o parcialmente por el FRH.
Segura explicó que la auditoría fue realizada por un equipo interdisciplinario de más de 15 profesionales y alcanzó a cinco organismos ejecutores: la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Asuntos Municipales, Co.S.A.y.Sa., la Dirección de Vialidad y el Poder Judicial. De un total de 176 obras previstas, se auditó una muestra de 80 proyectos que representaban el 87% del monto total del préstamo.
El auditor señaló que el informe concluyó con una abstención de opinión debido a la ausencia de documentación respaldatoria relacionada con redeterminaciones de precios y avances de obra en tres unidades auditadas. Explicó que esa situación impidió validar la razonabilidad de los gastos y que la normativa técnica establece la abstención en esos casos. También indicó que la Unidad Coordinadora del Fondo no fue auditada porque ya se encontraba disuelta y sin presupuesto propio.
Durante el debate, legisladores plantearon cuestionamientos al criterio aplicado en el informe. El senador Juan Cruz Curá consultó por qué no se requirió información adicional a la Unidad Coordinadora y por qué no se acudió a la Justicia ante la falta de documentación. Además, advirtió sobre la gravedad de obras financiadas que no llegaron a ejecutarse, entre ellas la planta de líquidos cloacales de Orán.
En respuesta, Segura confirmó que existe una causa penal en trámite para determinar responsabilidades, aunque aclaró que no fue impulsada por el organismo auditor. A su vez, integrantes de la Bicameral coincidieron con observaciones formuladas desde la presidencia de la Auditoría, donde se advertía sobre la falta de una visión integral y una posible “pasividad” derivada de la ausencia de una opinión técnica concluyente.
El auditor sostuvo que el informe contempló factores como el contexto inflacionario, las redeterminaciones y el plan integral de obras, aunque reconoció limitaciones técnicas por la falta de documentación. Finalmente, la comisión resolvió solicitar formalmente una auditoría financiera encabezada por la auditora Elsa Pereyra Maidana, enfocada en la operatoria del crédito y el movimiento de fondos del Fondo de Reparación Histórica.