Juliana Di Tullio, legisladora kirchnerista, planteó una impugnación contra su par antes de que el Gobierno quitara del proyecto el artículo por el que se detectó un presunto conflicto de intereses.
La senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio planteó una impugnación contra su par de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch por un supuesto conflicto de intereses entre su actividad privada y el contenido del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, particularmente respecto del capítulo III, referido a la tenencia de tierras por parte de extranjeros. La dirigente peronista sostuvo que el legislador oficialista, socio gerente de una empresa dedicada a la administración y comercialización de campos, no podía intervenir en un debate que, según afirmó, podía tener impacto directo sobre su actividad económica.
El contrapunto comenzó el miércoles con la presentación formal de Di Tullio ante la Presidencia del Senado, continuó con publicaciones cruzadas en la red social X, escaló este jueves al inicio de la sesión con una cuestión de privilegio planteada por Benegas Lynch y tuvo una nueva respuesta de la senadora durante el debate.
La presentación contra el legislador libertario ingresó al Senado mientras todavía permanecía en el proyecto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras. Horas antes, había trascendido que Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una firma radicada en Entre Ríos que administra campos y brinda asesoramiento comercial, legal y financiero a propietarios y potenciales compradores de inmuebles rurales, incluidos inversores extranjeros.
Sobre esa base, Di Tullio solicitó que el Senado dispusiera la abstención obligatoria del senador libertario y lo inhabilitara para intervenir, firmar dictámenes y votar el proyecto de ley. Sin embargo, pocas horas después el Gobierno resolvió retirar del texto el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, ante la falta de apoyo de bloques aliados.
En su presentación, la senadora sostuvo que existía una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debía tutelar Benegas Lynch como legislador y su interés económico privado. Argumentó que cualquier modificación de la normativa vigente podía impactar directamente sobre el volumen de negocios y la facturación de la empresa de la que forma parte y sostuvo que ello comprometía su imparcialidad. Además, invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y diversos artículos de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública para fundamentar su planteo.
La legisladora también trasladó la discusión al terreno político. En un mensaje publicado en X ironizó: “¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros”. Luego, sostuvo que Benegas Lynch era “juez y parte” y afirmó que utilizar una banca en el Senado para favorecer intereses económicos propios no solo violaba la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que constituía una “traición a la Patria”.
La respuesta
“Todas las leyes que venimos votando afectan positivamente al sector privado”, razonó. Dentro de ese ámbito está “el agro”, explicó, y señaló que su empresa pertenece a ese rubro.
“Producimos, administramos y asesoramos dueños de campos y compradores”, agregó.
Luego, enumeró una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que, según sostuvo, también generan beneficios para el sector privado: “Modernización laboral, RIMI, riego, hacienda, maquinaria agrícola, apertura de mercados para la carne, todo afecta positivamente al privado, al agro, y dentro del agro está mi empresa”.
Respecto del capítulo sobre tierras, retirado finalmente del proyecto, explicó que prohibía la compra por parte de Estados extranjeros y, al mismo tiempo, ampliaba la posibilidad de que particulares argentinos pudieran vender sus campos a inversores privados.
“Al hacer más inversiones y producción, nuevamente afecta positivamente al campo, y dentro del campo está mi empresa”, sostuvo.
Frente al planteo de Di Tullio, el senador respondió además que, si prosperara ese criterio, tampoco podrían votar leyes vinculadas con su profesión un docente dueño de un colegio, un abogado con estudio jurídico o un médico propietario de una clínica.
El senador también defendió el capítulo sobre la Ley de Tierras que finalmente fue retirado del proyecto. Sostuvo que la iniciativa endurecía las restricciones para los Estados extranjeros, sus empresas y fondos soberanos, pero favorecía la inversión privada. Según afirmó, la legislación vigente, sancionada durante el kirchnerismo, terminó perjudicando el valor de los campos y permitió que empresarios vinculados al poder adquirieran grandes extensiones de tierras.
Di Tullio respondió más tarde durante el debate. Sin ingresar en un intercambio directo con Benegas Lynch, recordó que había sido la primera senadora en recibir una cuestión de privilegio por parte de otro integrante del cuerpo y minimizó el planteo realizado por el legislador libertario.
“He sido la primera senadora que fue cuestionada por una cuestión de privilegio que, por supuesto, no contesté porque no corresponde. El senador que me hizo la cuestión de privilegio hizo toda su alocución con toda tranquilidad”, expresó, antes de continuar con su intervención sobre el proyecto que se debatía.
El episodio terminó reflejando uno de los cruces políticos más intensos de la jornada y volvió a poner en discusión los límites entre la actividad privada de los legisladores y los posibles conflictos de intereses durante el tratamiento de proyectos que pueden afectar los sectores en los que desarrollan sus negocios.
Fuente: Infobae