La Coalición Cívica difundió un documento firmado por Elisa Carrió y dirigentes del partido en el que rechazó la reforma impulsada por el Gobierno. Planteó que el debate involucra la soberanía y el control de recursos estratégicos.
A horas de que el Senado comience a debatir el proyecto que modifica la Ley de Tierras, la oposición endureció sus críticas contra la iniciativa del Gobierno. Tanto el peronismo como la Coalición Cívica publicaron documentos muy duros contra la norma.
En ese contexto, el Partido Justicialista difundió un documento en el que salió en defensa de la Ley de Tierras y cuestionó la iniciativa del oficialismo para modificar el régimen vigente. El texto sostiene que la norma se apoya en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y plantea que la tierra debe ser considerada un “bien natural estratégico, escaso y no renovable”, por lo que requiere una protección especial frente a las reglas del mercado.
Además, el PJ argumentó que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros tienen antecedentes históricos en la Argentina y recordó que esa orientación estuvo presente en distintas etapas de la legislación nacional, desde el Decreto Ley 15.385 de 1944 hasta la Ley de Tierras sancionada en 2011. Según el documento, esas normas nunca implicaron un desconocimiento del derecho a la propiedad privada, sino que buscaron compatibilizarlo con la defensa del interés nacional.
Como parte de su cuestionamiento al proyecto oficial, el partido también afirmó que la Argentina no constituye una excepción en esta materia. En ese sentido, señaló que países como Brasil, Estados Unidos, Australia, Israel, China y varias naciones europeas cuentan con regulaciones que limitan o condicionan la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente cuando se trata de recursos considerados estratégicos.
En paralelo al debate legislativo, la Coalición Cívica difundió un documento de 13 páginas, firmado por Elisa Carrió y dirigentes del partido, en el que cuestiona la reforma impulsada por el Gobierno y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía y control territorial. El texto sostiene que “la tierra no es solo un bien económico: también es soporte de jurisdicción, seguridad, presencia pública y continuidad territorial de la Nación” y plantea que la discusión excede la compraventa de inmuebles rurales.
Como conclusión, la Coalición Cívica sostiene que la reforma “coloca el territorio argentino bajo un régimen de disposición política excepcional” y cuestiona que determinadas operaciones puedan quedar sujetas a autorizaciones del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales. Para los firmantes, cualquier modificación de la ley debería “procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación” de los recursos considerados estratégicos.
Los detalles del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei
El proyecto que impulsa el oficialismo para modificar la Ley de Tierras forma parte de un paquete más amplio sobre el derecho a la propiedad privada, que también introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos y el régimen aplicable a terrenos incendiados. Sin embargo, el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros concentró la mayor parte de las discusiones durante el debate en el Senado y sufrió múltiples modificaciones durante su redacción.
La iniciativa elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales sobre el territorio nacional, las provincias y los municipios. También suprime el límite de extensión que puede adquirir una misma persona extranjera —equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con variaciones según la región— y deja sin efecto la restricción para la compra de campos que contengan o lindan con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.
El Gobierno sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y argumenta que la legislación vigente impide el desarrollo de proyectos productivos en distintas regiones del país.
La discusión sobre la Ley de Tierras ya tuvo un antecedente durante el inicio de la gestión de Javier Milei. El Gobierno intentó derogar la norma a través del DNU 70/2023, pero la medida quedó suspendida por una cautelar judicial tras una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). La Cámara Federal de La Plata confirmó esa decisión y el expediente permanece a estudio de la Corte Suprema, por lo que la legislación continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva.
Fuente: TN