Los números centrales del proyecto de ley de Presupuesto General de la Provincia no se modificaron, no obstante algunas objeciones que surgieron de los legisladores de la oposición, por lo que la Cámara de Diputados le dio media sanción.
El Presupuesto 2019 tendrá ingresos por $76.174 millones, un 27% más en relación a la proyección de 2018, de $59.812 millones. Se prevé un superávit fiscal de $12 millones. Un resultado fiscal de $818 millones para este año, destinando de allí unos $660 millones para el pago de bonos a vencer en el mes de enero.
El Presupuesto salteño para 2019 acompaña los parámetros y lineamientos centrales del presupuesto del gobierno nacional, que indica una caída del 0,5% del PBI, aumento del 34,8% del nivel de precios implícitos y un dólar previsto a $40,10.
Los números acompañan el Pacto Fiscal que firmaron el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Salta no es la excepción en esta materia.
Desde el PO se criticó este Presupuesto de ajuste a la clase trabajadora y de complacencia con los grupos económicos como Searbord Corporation (que explota el ingenio El Tabacal) o el grupo Olmedo con Salta Forestal cuyo canon sera solo de $11 millones cuando en sus más de 300 mil hectáreas los rendimientos por la producción de la soja superan varias centenas de millones.
La votación
Tras el debate y diferentes manifestaciones desde las bancadas políticas se dio paso a la votación en general del proyecto de ley de Presupuesto con el voto negativo de los 9 integrantes del bloque del PV (sector kirchnerista), dos del PO, los tres de la UCR, Julio Moreno del bloque Salta Somos Todos, Luis Cisneros de Salta Nos Une y Sebastián Domínguez del bloque Fuerza Salta.
Posteriormente, se dio votación a artículo por artículo sobre un total de 51. En este punto es que en el caso del artículo 13 la diputada Silvia Varg de Salta Nos Une, produjo que en las partidas para Educación que superan los $15 mil 400 millones se desglosen fondos para la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI).
El diputado Lucas Godoy dijo compartir esa propuesta pero que se hará constar en la versión taquigráfica para que el Ejecutivo tome nota.
Por su parte el diputado Guillermo Martinelli (también de Salta Nos Une) hizo objeciones a algunos artículos entre ellos el 19, 20, 21 e inclusive el 31, referidos a la transferencia de partidas que se autoriza al Poder Ejecutivo.
Señaló que el Ejecutivo tiene derecho a hacerlo pero lo que dice la Constitución indica que los únicos que pueden modificar las leyes es la Legislatura. Primero el PEP no envíe el presupuesto la Legislatura abocarse a ello y hacer una ley que reemplace. Si no lo hiciera se aplicará el presupuesto anterior.
En el articulado se obliga al gobernador a comunicar en un plazo de 10 días que hizo transferencias de partidas, dijo el legislador. Propongo que el PEP podrá efectuar modificaciones previa autorización de la legislatura.
No obstante esta observación que acompañaron entre otros el diputado Mario Mimessi del bloque de la UCR, quien dijo que transferir partidas puede ser necesidad imperiosa pero no es un derecho. El diputado Mario Abalos (del bloque Propuesta Salteña, compartió que la transferencia de partidas se concrete con la autorización previa de la Legislatura.
Héctor Chibán, también del bloque radical, hizo referencia al artículo 4 de la Constitución Provincial. Señaló que “estamos ilegalmente delegando facultades que nos son propias”.
Godoy Lucas (del bloque del PJ, expresó que las transferencias son normales y existen desde un tiempo a esta parte en el orden nacional en los municipios, son herramientas que se hacen para cumplir el presupuesto y para afrontar situaciones de emergencia. Sería preocupante si la transferencia fuera del 50% de partidas y habría que analizarlo.
Fuente: Nuevo Diario de Salta