La Provincia decidió realizar una consulta legal y pedir una opinión a los legisladores. Para el Observatorio de Violencia no hacerlo sería un retroceso en la política a favor de las mujeres.
Por ahora, Salta no adherirá de forma automática al protocolo de aborto no punible de Nación. La Provincia decidió realizar un análisis legal del alcance de la guía anunciada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y además pedirá la opinión de los legisladores de la Cámara Baja.
El nuevo protocolo de aborto no punible entró en vigencia el viernes pasado, cuando se publicó en el Boletín Oficial. El Ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía anterior de 2015, fijando lineamientos para los equipos de salud para la interrupción legal del embarazo (ILE).
El Tribuno intentó conocer el motivo de la decisión y todos los detalles al respecto con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, pero no logró el contacto. De acuerdo al comunicado oficial, se consultará a la Legislatura como “institución de representación popular”, aunque no se especifica si esta será vinculante o no en la decisión final.
Para Ana Pérez Declercq, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), “la adhesión al protocolo nacional tendría que ser automática”, debido a que entienden que este resguardará a los profesionales de la salud. “La consulta legislativa o la consulta legal no tienen sentido porque el protocolo no es que viene a traer nuevas leyes sino que son las leyes que ya existen, el protocolo viene a dar entendimiento a las y los profesionales de cómo se tiene que aplicar”, señaló.
Por su parte, el diputado provincial Andrés Suriani se manifestó a favor de la decisión del gobierno de Sáenz, y dijo que “Salta tiene que hacer su propio protocolo” porque el planteado por Ginés González García es “anticonstitucional”.
Agregó que se trata de una resolución ministerial a la que Salta no tiene obligación de adherir porque no hay una ley de aborto en Argentina.
El nuevo protocolo incluye varios cambios, entre ellos los siguientes:
1) Objeción de conciencia. Establece que la objeción de conciencia es individual. Un profesional puede negarse a realizar una interrupción legal del embarazo, pero la decisión no debe demorar la concreción de la práctica. En casos graves y si se tratare del único profesional disponible en el centro de salud, debe realizar la práctica, aun siendo objetor de conciencia.
2) Edad. No se requiere declaración jurada en niñas menores de 13 años. En estos casos, deben acudir con acompañamiento de los padres o de adultos a cargo. De 13 a 16 años se considera el principio de autonomía progresiva: la capacidad de ir tomando decisiones a medida en que la persona crece. En este grupo sólo se requiere la presencia de un adulto en casos graves o ante una emergencia. A partir de los 16, se considera que la persona es autónoma.
Los niños, niñas y adolescentes deben recibir un consentimiento informado. Se sugiere la articulación de los equipos de salud con organismos de protección, como las defensorías. Todo embarazo en menores de 13 años se considera producto de una violación y que todo embarazo en menores de 15 años pone en riesgo la salud integral de la persona.
“No podemos aceptar un retroceso”
Advirtió la exsenadora del PO respecto de la decisión del Gobierno provincial.
Gabriela Cerrano
Consultada la exsenadora provincial por el Partido Obrero (PO), Gabriela Cerrano, sobre la decisión del Gobierno provincial de no adherir por el momento al nuevo protocolo de aborto no punible de Nación, señaló que “después de tanta lucha no podemos aceptar un retroceso”.
Para Cerrano, el gobernador Gustavo Sáenz quiere elaborar una norma distinta, como lo fue el decreto 1170/12 que salió tras el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. “La aplicación de ese decreto fue un desastre, tuvimos muchas niñas madre, el caso Juana, la nena wichi que sufrió una violación en banda, reunía todas las causales de aborto no punible, era discapacitada, una niña pobre, violada y estaba en riesgo su salud”, recordó.
A diferencia del protocolo de Nación de 2015, el decreto 1170 de Salta establecía 12 semanas para la realización de la práctica. “El problema está en que en las niñas abusadas siempre se detecta el embarazo pasado ese tiempo, cuando empieza con los problemas en el embarazo o se le nota la panza. En el caso de mujeres discapacitadas, también pasa lo mismo”, indicó Cerrano.
El nuevo protocolo de Nación, incluso al que la Provincia adhirió el año pasado, no establece ningún tiempo. “Eso es un criterio médico y lo va a determinar el profesional cuando tenga a su paciente en frente”, añadió la exlegisladora provincial.
Comentó que desde que Salta adhirió en 2018 se registraron 77 casos de interrupción legal del embarazo (ILE), pero que la mayoría no eran por abuso, sino también por abortos terapéuticos.
Cerrano consideró que claramente se trata de una “maniobra” de Sáenz para no darle cumplimiento o terminar elaborando una forma que contradiga lo que ya establece un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. “¿Cuál es la intención?, ¿que los diputados decidan si corresponde aplicar el artículo 86 del Código Penal? Eso no se puede hacer”, planteó.
El sector se movilizará hoy por la tarde en la Legislatura provincial durante la última sesión de Diputados.
Las provincias adheridas
La nueva guía de aborto no punible es una actualización de la que se publicó en 2015 y a la que ya habían adherido 10 provincias, entre ellas Salta.
Ahora, según anunciaron, Buenos Aires y Chubut también la incorporarán, por lo que estaría vigente en la mitad de los distritos. No obstante, la Provincia decidió no adherir todavía y consultar legalmente los alcances y pedir la opinión de la Legislatura.
Otras cuatro provincias -que ya tienen guías propias- prevén estudiar al protocolo en cuestión. En caso de sumarse, se alcanzaría los dos tercios.
Tucumán, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Corrientes forman parte del grupo de las cinco provincias que aún no han adherido a ningún protocolo ni tienen uno propio.
Entre las provincias más cercanas, ayer se conoció que Jujuy ya adhirió formalmente a la nueva guía.
En la Argentina el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) está garantizado en el Código Penal desde 1921 cuando la gestación es producto de una violación o cuando está en riesgo la salud de la mujer, cualquiera sea su edad.
Fuente: El Tribuno