Un proyecto plantea al ENRESP eliminar de las boletas de EDESA, un doble cobro de tasas relacionadas a la incidencia del alumbrado público, al igual que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en algunos casos eleva notoriamente el monto de las facturas.
La comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados se reunió con el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Jorge Figueroa Garzón por un proyecto de ley destinado a que las prestatarias de servicios públicos emitan sus facturas con los cargos correspondientes al consumo del usuario.
El proyecto del diputado Alejandro San Millán (Capital-PJ) junto a su par Manuel Santiago Godoy, busca asegurar que el usuario de los servicios esenciales de luz, agua y gas puedan hacer uso del derecho de pagar solo el monto que totalicen los conceptos previstos en función a los consumos, lo que a la fecha resulta bastante engorroso de saber, dado el agregado en las misma del cobro de impuestos, tasas y otros.
El titular del Ente explicó que dicho impuesto municipal no contempla el impuesto del alumbrado público, lo cual queda en evidencia con la merma del monto de dicha tasa. No obstante San Millán cuestionó el cobro de diferentes tasas de IVA a algunos usuarios que terminan abonando montos ‘exorbitantes’.
Por su parte el diputado Claudio Del Plá (Capital-PO) consultó sobre las formas de medición de los montos que utiliza LuSal para estipular los gastos de alumbrado público que cobran las empresas a los usuarios. Mientras que el diputado Julio Moreno (Capital-SST) recomendó que la factura de EDESA debería colocar los logos de las demás empresas que se incluyen en la misma para que los usuarios sepan que es lo que están abonando.
Aporte de datos
La unificación de las facturas de los servicios, beneficia a todos; mientras que si se produce el desglosamiento de la boleta de EDESA implicaría mayores costos para los usuarios, ya que cada prestador deberá agregar los gastos de impresión de facturas, distribución, etc.
Además afirmó que “el servicio de luz está provincializado, ya que si los usuarios no abonan la incidencia de alumbrado público, se corre el riesgo de que los municipios no puedan pagar. Así también, confirmó que el monto de la incidencia por municipio es de aproximadamente $12 millones.
Figueroa remarcó que las intendencias deben realizar un control de la facturación de su consumo para evitar que se produzcan irregularidades de parte de las empresas».